Nuestra legislación protectora de los menores de edad, obliga a la Administración a tutelar y atender a los menores que sin familiares llegan a España, muchos de ellos por medio de pateras.

El problema que hemos venido denunciando es la situación de aquellos que o bien han cumplido dieciocho años antes de que se les permita obtener un permiso de residencia tras un trámite que dura nueve meses; o bien desde un primer momento, y en base a pruebas médicas de dudosa fiabilidad, son catalogados como mayores de edad.

Estos jóvenes, que no dejan de ser unos niños perdidos en un mundo que les es ajeno, si bien mayores conforme a nuestras leyes, pasan a engrosar las filas de los irregulares sin esperanza de ningún tipo de legalización.

Al ser mayores de edad, tampoco obtienen ya ningún tipo de ayuda de las Instituciones públicas de protección del menor, y sólo asociaciones como Karibu les acogen en la medidas de sus limitadas posibilidades.