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LAS EMBAJADAS
Y SUS CIUDADANOS EMIGRANTES
Habitualmente cuando se habla
de los extranjeros en España, se hace en relación con las
leyes que regulan la inmigración y de los programas de
acogida e integración establecidos en España, se habla
también con frecuencia, de las causas de la emigración o de
las dificultades de los propios inmigrantes en su proceso
migratorio, pero no es frecuente abordar el papel que juegan
las Representaciones de los Gobiernos de origen y los
propios Gobiernos en la realidad de la emigración; papel
que, sin embargo, es de capital importancia y puede
condicionar totalmente el modo en que el proceso se lleve a
cabo.
Tanto en España, como en el resto de países de nuestro
entorno, la legislación distingue dos grandes bloques en la
inmigración: Primero, la realizada por motivos económicos
regida aquí por la Ley Orgánica 2/2000 de 11 de enero sobre
“Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social”, modificada por la LO 8/2000 de 22
de diciembre, LO 11/2003 de 29 de septiembre y por la LO
14/2003 de 20 de noviembre y su Reglamento Real Decreto
23987/2004 de 30 de diciembre. Segundo la realizada por
motivos políticos regulada por la Ley 5/1984 de 28 de marzo,
“Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de
Refugiado”
La mal llamada inmigración económica, no se realiza solo por
motivos económicos del propio inmigrante que busca una forma
de vida digna para él y su entorno familiar, sino que llega,
cada vez mas, para dar respuesta a una serie de necesidades
de los países de acogida que carecen de la mano de obra
necesaria en algunos sectores indispensables para el
desarrollo y el bienestar general. Para esta inmigración se
han establecido fórmulas como los contingentes, los cupos o
las contrataciones en origen.
Pero también existen aquellos que, al no poder acceder por
estos sistemas, vienen por sus propios medios - de muy
diferentes maneras: como turistas, a través de otros países,
en pateras y cayucos, con la documentación de otras
personas- acceden al mercado de trabajo y posteriormente
regularizan su situación, como se ha venido haciendo en los
últimos años por medio de las regularizaciones y,
actualmente, por la vía del arraigo.
Otra realidad es la de aquellos que acceden a nuestro
territorio por razones de Asilo y Refugio que responde al
amparo establecido en el Convenio de Ginebra del Estatuto
del Refugiado, (Ginebra 1951) donde se define la figura del
refugiado como “ aquella persona que debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentra fuera del país de
nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no
quiera acogerse a la protección de tal país; o que
careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera regresar a él”
En los últimos años, con el objetivo de luchar contra la
llegada masiva de inmigrantes y contra las llamadas
solicitudes fraudulentas, se ha endurecido la legislación de
Asilo y Refugio y las prácticas en su tramitación. En
consecuencia, han disminuido las tramitaciones de asilo, han
aumentado las resoluciones de no-admisión a trámite y ha
habido mas devoluciones inmediatas.
Esto ha tenido como consecuencia el que el 97% de las
solicitudes presentadas para la concesión del estatuto de
refugiado en 2007, hayan sido denegadas. En el caso de los
africanos subsaharianos, la práctica totalidad han sido
rechazadas o no resueltas.
La desigualdad de los subsaharianos respecto a otros
colectivos de inmigrantes se da también en el caso de las
regularizaciones, los cupos y las contrataciones en origen,
buena prueba de ello es su escasa presencia en España que
supone solo el 3,68% de la totalidad de inmigrantes
residentes en España en 2007, según las estadísticas
oficiales.
Esta imposibilidad de acceder a nuestro país por las vías
legalmente establecidas es lo que está llevando a los
subsaharianos a intentar otras formas de acceso como las
pateras, los saltos de vallas fronterizas, de polizones,
haciendo largos viajes a través de diferentes países y
siempre arriesgando la vida, siendo explotado y, en
demasiadas ocasiones, perdiendo la vida en el intento. (
Según informe de APDH-A, 921 personas perdieron la vida en
2007 intentando cruzar el Estrecho).
Y una vez aquí, cuando quieren acceder a una regularización
por algunas de las escasas vías que en este momento están
vigentes, se encuentran con una dificultad añadida que, en
numerosas ocasiones, hace imposible el intento.
Nos referimos a la falta de apoyo de sus propias
representaciones diplomáticas a la hora de obtener los
documentos que se les exigen, así las enormes demoras en la
obtención de una Partida de Nacimiento, un Certificado de
Penales o cualquier otro documento necesario, están teniendo
como consecuencia el que los inmigrantes subsaharianos se
estén viendo obligados a tratar de conseguirlos por otras
vías diferentes a las Embajadas y Consulados, a través de
intermediarios privados que además de cobrar precios
exagerados no ofrecen garantías de que realmente vayan a
proporcionárselos, ni de que vayan a ser auténticos.
Además a estos grandes retrasos en la tramitación de las
solicitudes de documentos, hay que añadir otras dificultades
y obstáculos que estas Representaciones Diplomáticas están
poniendo a los inmigrantes subsaharianos que tratan de
regularizar su situación en España.
Vemos frecuentemente como Gobiernos y Embajadas de otros
países plantean al gobierno español reformas y cuestiones en
temas de inmigración que se refieren a la presencia de sus
ciudadanos en España, a temas de estancia y retorno,
reagrupación familiar, envío de remesas de dinero, etc.
Se echa en falta a las representaciones de los gobiernos
africanos, planteando cuestiones urgentes que atañen a la
vida de sus ciudadanos en nuestro país y a la defensa de sus
derechos e intereses. Es el caso de los certificados de
penales, la carencia de pasaporte o las partidas de
nacimiento, o del reconocimiento de la fecha de nacimiento,
o afrontar y agilizar las reagrupaciones familiares, o el de
la ayuda para el retorno que algunos africanos quisieran
realizar y para lo que no encuentran el apoyo de sus propias
embajadas o consulados.
Todo ello son cuestiones que deberían ser tratadas por los
representantes de sus países ante la Administración
española, a efectos de mejorar la situación de este
colectivo que, insistimos, está fuertemente discriminado
respecto a otros grupos de inmigrantes.
Los gobiernos de los países de origen debieran ser
conscientes de la riqueza que la inmigración está aportando
a sus propios países. Es la inmigración la que está
provocando posibilidades de desarrollo reales, desconocidas
hasta el momento y se ha convertido en una nueva esperanza
de desarrollo y bienestar.
Para que esto se produzca de forma efectiva, todo el proceso
debe realizarse de la forma mas legal y transparente posible
y en ello las representaciones consulares y embajadas tienen
un papel esencial y una gran responsabilidad a la hora de
posibilitar los medios y recursos necesarios y, en general,
prestar apoyo a sus ciudadanos.
Es por medio de las residencias legales y las transacciones
legales, como la emigración va a aportar un beneficio a sus
países de origen y el inmigrante se verá libre de engaños y
explotaciones.
Los Gobiernos africanos subsaharianos tienen que conocer y
tener en cuenta, lo que sus ciudadanos sufren y arriesgan al
no tener formas legales de acceder a los países donde puedan
encontrar trabajo e integrarse. Echamos en falta la voz de
los representantes legales de sus países reclamando
posibilidades dignas y legales para dar respuesta a la
necesidad de las migraciones que favorecen tanto a los
países de destino como a los de origen.
Es función de los Gobiernos, así como de las diferentes
instituciones y asociaciones, aportar soluciones a las
personas inmigrantes. Para que realicen sus desplazamientos
sin riesgos, accedan en las mejores condiciones, se realice
una integración efectiva y se eliminen todas las formas de
engaño, explotación y marginación.
De esta forma el inmigrante dará respuesta a sus necesidades
y ayudará a cubrir las necesidades familiares, lo que
redundará en beneficio de los países de acogida y de origen
y así podrá ver cumplidos sus objetivos.
Madrid, 26 de mayo de 2008
Antonio Díaz de Freijo
Director de la Asociación Karibu
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